Observatorio Global, Por Leonel Fernández
A pesar de que no se han podido presentar pruebas convincentes sobre casos de apátridas en nuestro país, ni de evidencias inequívocas de deportaciones masivas o de crisis humanitarias, varios sectores de la comunidad internacional persisten en la idea de proyectar a la República Dominicana como un país racista, xenófobo y segregacionista.
Nada de eso es cierto. Pero en su editorial del 11 de julio de este año, titulado, Apátridas en la República Dominicana, el periódico The New York Times denuncia una situación de racismo en el país y alega que hay 210 mil personas apátridas en nuestro territorio.
En la carta que remitieron al presidente Barack Obama, el pasado 14 de julio, un grupo de académicos norteamericanos solicita sanciones contra nuestro país, debido a la “crisis de los derechos humanos” generada por las “deportaciones masivas” y la apatridia ocasionada por los desnacionalizados.
En las declaraciones del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes, producidas el 20 de julio, se solicita que la República Dominicana otorgue la nacionalidad a todos los nacidos en nuestro territorio, y evite las “deportaciones arbitrarias”.
En dos reportajes de la BBC de Londres, publicados el 31 de julio, se plantea que los inmigrantes haitianos están siendo “forzados” a abandonar nuestro territorio, y que a pesar de la implementación del plan de regularización, muchos se quedarán como apátridas.
En las observaciones y recomendaciones que contiene el reciente informe presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al Consejo Permanente, en las que se “reconoce que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”, o de que se “reconoce la existencia de desplazamiento de poblaciones”, se plantea la necesidad de adoptar una especie de protocolo consensuado de deportaciones.
De igual manera, deben considerarse las declaraciones del presidente de Haití, Michel Martelly, quien en el marco de su reunión con la misión de la OEA, solicitó “la firme intervención de la comunidad internacional” para lograr que la República Dominicana negocie las condiciones en que se llevarán a cabo las posibles repatriaciones.
MIGRACIONES Y ESTADO SOBERANO
Al analizar los argumentos que se esgrimen, resulta evidente que lo que se procura es que la República Dominicana no retorne a su lugar de origen a los inmigrantes ilegales que no se ajustaron al Plan de Regularización.
Por el contrario, la intención es que para evitar una supuesta apatridia, se declare una especie de amnistía migratoria, y además, se conceda la nacionalidad dominicana a todo el que alegue haber nacido en nuestro territorio.
Naturalmente, eso que se nos exige no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. Por consiguiente, tenemos suficientes razones para oponernos a unos planteamientos que resultan absurdos, descabellados e insólitos.
En primer término, la República Dominicana es un Estado soberano e independiente, y, por ende, el único con la capacidad y competencia para tomar las decisiones sobre política migratoria. En tal virtud, el Estado dominicano ha sido reiterativo en sostener que las repatriaciones se harán de acuerdo con los estándares del Derecho Internacional y de los derechos humanos.
En segundo lugar, nunca hemos visto que la comunidad internacional haya intervenido en los asuntos internos de un Estado independiente para controlar su política migratoria. Esto así ni siquiera en casos tan extremos como los suscitados en África subsahariana, donde miles de personas se aventuran a cruzar fronteras y mares, poniendo sus vidas en alto riesgo, con la finalidad de alcanzar territorio europeo.
En Marruecos, donde hemos estado recientemente, al igual que en la República Dominicana, se adoptó en 2014 un proceso de regularización excepcional que permitió a cerca de 17 mil migrantes subsaharianos obtener residencia y permiso de trabajo en ese país.
Muchos quedaron fuera de ese proceso, y pronto serán retornados a sus países a través de una repatriación forzosa. Sin embargo, contrario a lo que acontece con nuestro país, la actitud del gobierno marroquí ha sido laureada por la comunidad internacional como un pionero en el norte de África.
En Medio Oriente, cerca de cuatro millones de personas están siendo afectadas por una verdadera crisis humanitaria. A pesar de esa lamentable situación, los países vecinos no están obligados a recibir esas víctimas, sino en la medida en que así lo decidan sus principales autoridades.
Eso fue lo que hizo, por ejemplo, el gobierno español que decidió acoger durante el presente año, un total de 130 personas.
Pero aún en aquellos casos en que la política migratoria de algunos países haya causado el rechazo de algunos sectores de la sociedad, jamás se ha hecho un llamado a la intervención de la comunidad internacional.
Tal es el caso de Bahamas. En ese lugar, su canciller, Frederick Mitchell, planteó que su gobierno no aceptará “solicitudes de inmigrantes ilegales que pidan visados de trabajo, y cualquiera que lo haga será arrestado, procesado y deportado”.
A eso, añadió: “El mensaje es que la inmigración ilegal es un gran problema para nosotros”… “Estamos gastando gran cantidad de recursos en eso. Es una gran presión para nuestros sistemas de servicios sociales, salud pública y educación. Necesitamos controlar la situación”.
DEPORTACIONES DE ILEGALES
En efecto, para controlar la situación, el gobierno de Bahamas ha llevado a cabo un extenso programa de deportaciones que ha afectado sensiblemente a los inmigrantes ilegales haitianos, los cuales representan entre el 16 y el 18 por ciento de la población de ese país caribeño.
En Brasil, a pesar de las buenas intenciones del gobierno de otorgar visas humanitarias a los nacionales haitianos, luego del catastrófico terremoto de enero del 2010, el gran flujo de personas que se ha desplazado a esa nación sudamericana ha obligado a sus autoridades a ser más cautelosas en el otorgamiento de esos visados.
El gobierno carioca contempló inclusive la posibilidad de cerrar la frontera con Perú para detener la entrada de migrantes haitianos.
En las islas Turcos y Caicos se está considerando la eventualidad de utilizar drones para localizar e identificar a migrantes ilegales, especialmente haitianos, para proceder a su captura y deportación.
En los Estados Unidos, sólo durante la gestión de gobierno del presidente Barack Obama, ha habido un alza sin precedentes en las deportaciones de migrantes ilegales, que ha afectado a más de dos millones de personas.
En el caso específico de los nacionales haitianos, luego del terremoto se estableció una moratoria que detuvo temporalmente las deportaciones. Aún así, más de 1,500 ciudadanos haitianos han sido repatriados por el gobierno norteamericano, a pesar de que se trataba de personas con familias nucleares en el territorio estadounidense.
Igual ocurre en Canadá. En ese país, a partir del 2004, se tomó la decisión de levantar la disposición que ordenaba detener las deportaciones de nacionales haitianos por razones humanitarias. A partir de esa fecha lo que el gobierno canadiense hace es conceder la oportunidad para que puedan regularizar su estatus.
De conformidad con el gobierno canadiense, la no deportación ya no tiene razón de ser, debido a que Haití no está en guerra y no vive grandes conflictos civiles; las personas desplazadas al interior del territorio haitiano fueron reinstaladas en viviendas más seguras; las condiciones de vida, en general, la estabilidad política y el nivel de seguridad, han mejorado; y otros países, como Francia y Brasil, ya hicieron regresar a los nacionales haitianos a su país.
Detrás de todas esas decisiones adoptadas por los gobiernos a que hemos hecho referencia, hay tragedias personales, episodios tristes y escenas lamentables de familias destrozadas por la separación. Todo eso, por supuesto, genera consternación, y es la razón por la cual la comunidad internacional debe trabajar por la construcción de un Haití mejor.
Lo que no le corresponde a la comunidad internacional es el de juzgar las decisiones que adoptan los Estados soberanos para la protección de sus territorios y sus poblaciones. Tampoco, por consiguiente, le incumbe exigirle a la República Dominicana que declare una amnistía general migratoria, o que conceda la nacionalidad dominicana a todo el que nace en nuestro territorio.
Eso no lo ha hecho nadie en el mundo, y es una forma de injerencia que desconoce nuestra soberanía como Estado, y que debemos rechazar.
Lo que se le pide a la República Dominicana, sencillamente, no es justo, no es razonable. Tampoco se corresponde con las normas internacionales vigentes, ni con la práctica seguida por otros Estados integrantes de la comunidad internacional.
@LeonelFernandez
